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por Pablo Parry (Comunicador Social – Revista De Frente. Sociólogo. Abogado en formación)

Estamos ya a pocos días de uno de los plebiscitos más trascendentales de nuestra historia. Las cartas, en general, ya están bastante echadas y todo lo que se pudo hacer ya se hizo. Sin embargo, no por ello no recordaremos qué es lo que nos lleva a quienes estamos en la vereda del cambio social y la superación de este orden económico injusto impuesto a través de una dictadura criminal, a rechazar el texto que será plebiscitado este domingo.

Ya mucho se ha hablado y harta tinta se ha vertido en relación al carácter neoliberal, autoritario y retardatario que impone el anteproyecto del CC. Que se constitucionalizan las ISAPRES, que nos roban a manos llenas la salud, que ratifica las AFP, fabricantes de una tercera edad cada día más empobrecida por un sistema que nunca se hizo para dar pensiones, y que se mete con nuestra educación, no estableciendo con claridad un sistema público y gratuito en todos los niveles de la enseñanza.

Así, suman y siguen las vergüenzas de esta constitución del pinochetismo extremo, con la ratificación de la expulsión migratoria «en el menor tiempo posible», la reducción del carácter jerárquico de los tratados internacionales de DDHH y la eventual amnistía de criminales de lesa humanidad en virtud de «razones humanitarias». No hay nada, por tanto, salvable de este proyecto constitucional aberrante que solo pretende continuar con la enajenación y privatización de la vida social en pos de los intereses de unos pocos.

Pero si ha habido un tema que realmente debería ser la única razón suficiente para llamar a rechazar este monstruo es nada más ni nada menos que un simple artículo ubicado en el capítulo de reforma a la constitución de este anteproyecto, el cual versa lo siguiente:

Artículo N°214 – Inciso N°2 de los procedimientos de cambio constitucional: «El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado de los 3/5 de los Senadores y Diputados en ejercicio».

Vemos una vez más cómo la extrema derecha vuelve a invocar los quórums supramayoritarios para intentar petrificar a perpetuidad el régimen de exclusión y privilegios que esta constitución busca consolidar. Si a esta disposición se le agrega la reducción de los parlamentarios en ejercicio (lo que va a limitar aún más la posibilidad de representación parlamentaria de las fuerzas políticas, volviendo de facto al sistema binominal), las posibilidades de que quedemos atrapados inexorablemente en un cerrojo constitucional están completamente a la mano.

Nuestro pueblo ya dijo con contundencia el 25 de octubre del 2020 que quería una nueva constitución nacida de un proceso democrático. La ratificación en plebiscito del anteproyecto del Partido Republicano y Chile Vamos no solo va en contra de aquel principio, sino que busca limitar cualquier posibilidad futura de discutir el orden constitucional que nuestro país tanto requiere para los cambios sociales tan necesarios para garantizar una vida digna para todos.

Y es que por ese argumento y muchos, muchos más, este 17 de diciembre a votar con total convicción EN CONTRA de esta constitución reaccionaria, y a trabajar con todo el empeño y la esperanza para sentar las bases de una Asamblea Constituyente, libre, popular y soberana que abra el camino a aquello por lo que el pueblo se movilizó en las calles aquella mañana del 18 de octubre del 2019: La Cuarta República Chilena, plebeya, democrática y popular.

Por David Debrott Sánchez*

La derrota del proyecto constitucional del 4 de septiembre de 2022, hegemonizado por el frente-amplismo aliado con heterogéneos y atomizados movimientos sociales, llevó al oficialismo y especialmente al presidente Boric, a entregar al Congreso la solución de la crisis institucional abierta con el estallido social de octubre 2019.

En esta etapa del conflicto social, ese fue el primer error político que extiende sus consecuencias hasta ahora. Boric tenía múltiples alternativas para dar continuidad al proceso constitucional y eligió la más antipopular y contraria al proyecto histórico de la izquierda chilena desde la época de la dictadura: una asamblea constituyente libre y soberana.

Los partidos políticos representados en el congreso, en una situación de virtual empate entre las fuerzas de gobierno y oposición de derecha, llegaron rápidamente a acuerdo para diseñar un nuevo proceso constitucional, limitado, restringido y marcado a fuego por la derrota de la convención constitucional. El 12 de diciembre de 2022, a solo tres meses de su derrota, los presidentes de ambas Cámaras parlamentarias, representantes del Partido Socialista y del Partido Liberal (ex frente amplio), dieron a conocer el «Acuerdo por Chile», también conocido como bases constitucionales o “bordes”. Allí se establecieron, con acuerdo de los partidos con representación parlamentaria, excepto la nueva ultraderecha de Republicanos, las líneas rojas que la derecha establecía e imponía a un oficialismo completamente entregado y sin rumbo ideológico.

Es ese acuerdo el que estableció un proceso y mecanismos antidemocráticos para elaborar la nueva propuesta constitucional. Allí se estableció un Consejo Constitucional electo con las mismas reglas del senado; la comisión de expertos designados por los partidos para elaborar el texto base y para visar si los debates del consejo constitucional se ajustan a los “bordes” acordados antes de comenzar el proceso; y el comité técnico de admisibilidad también designado por el Senado. 

Pero más grave aún: es ese acuerdo el que estableció cuestiones que hoy el oficialismo reclama como excesos.

«Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas«.

Esta formulación, donde los derechos sociales (salud, pensiones, vivienda, trabajo) se subordinan al principio neoliberal de “responsabilidad fiscal” y que obliga al Estado a otorgarlos garantizando la existencia de “instituciones privadas”, es el punto 5 del Acuerdo por Chile, suscrito en diciembre pasado desde la derecha (sin Republicanos en ese momento) hasta el oficialismo.

Aprovechando este ambiente triunfalista en la derecha, en el empresariado y entre quienes buscan disputarse su representación política, especialmente Amarillos y Demócratas, Kast y sus acólitos Republicanos consiguieron instalarse como primera mayoría en el Consejo Constitucional y comenzaron a ejercer muy rápidamente su liderazgo. Su estrategia es simple: defender el núcleo central del modelo económico-social neoliberal, ya garantizado en los “bordes”, y avanzar en todos aquellos extremos ideológicos en que el oficialismo no ofrezca mayor resistencia. 

De esta forma, el texto elaborado por la comisión de expertos, que respeta cien por ciento y desarrolla los “bordes”, se constituye en el piso desde el cual Republicanos despliega una táctica que consiste en poner en el debate más de mil enmiendas, que luego han ido flexibilizando o simplemente retirando, en función del armado de una correlación de fuerzas al interior del Consejo Constitucional que les permita aprobar un proyecto constitucional con el más amplio consenso político; consenso basado en la subordinación total a su propio proyecto ideológico.

Mientras la prensa intencionada y la mayor parte de los comentaristas han centrado el debate en la constitucionalización de la cueca y el rodeo (nótese que los bordes ya consagraron a la bandera, el escudo y himno como emblemas nacionales), así como en otras excentricidades, el núcleo duro del modelo económico social neoliberal parece acomodarles a todos, incluyendo a los partidos políticos oficialistas que hacen alarde de su posición antineoliberal. 

Lo que se juega en diciembre no es solo bloquear el camino de Kast y sus acólitos criptofascistas para su despliegue en las próximas municipales y regionales, ni siquiera en las siguientes parlamentarias y presidenciales. Se trata de generar condiciones para que el próximo camino constituyente, quizá más lento y trabajoso, se vuelva a abrir de la mano de la construcción de un proyecto político popular que dispute y confronte, en todas las coyunturas y en todos los niveles de gobierno, el proyecto neoliberal que hoy busca refundarse y que parece haber penetrado el ADN de partidos de “izquierda” que permanentemente disocian el discurso comunicacional de sus prácticas políticas reales.

* David Debrott Sánchez es ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Economía con mención Políticas Públicas. Se ha desempeñado por veinte años en el sector de salud pública, tanto en la Superintendencia de Salud (jefatura de Estudios y Desarrollo) como en el Ministerio de Salud (jefatura del área de Economía de la Salud y de Finanzas de Atención Primaria).

El Comando Chile Vota en Contra considera necesario pronunciarse sobre los hechos denunciados el martes 14 de noviembre, por ciperchile.cl, y que involucran, entre otros, al abogado Luis Hermosilla. Nos pronunciamos, en medio de la campaña del Plebiscito del 17 de diciembre, porque los hechos denunciados son de extrema gravedad y tienen consecuencias políticas que confirman la crisis institucional en la que se encuentra nuestro país.

Lo que develan el audio y el reportaje publicados, es que se ha transformado en una práctica habitual para la élite empresarial chilena, el pretender pagar coimas y corromper a funcionarios clave del Estado para evitar la persecución de los delitos que cometen y evadir la acción de la justicia. Es esa elite empresarial decadente la que se sirve de una clase política corrupta, y de inescrupulosos y tránsfugas como Luis Hermosilla, para ocultar sus delitos y mantener sus lucrativos negocios financieros parasitarios, mientras la inmensa mayoría de la población vive “al tres y al cuatro”, con ingresos que no les dan para llegar a fin de mes.

Hoy, cuando nos encontramos a 30 días del Plebiscito en que votaremos En Contra de la propuesta constitucional de los Republicanos, Kast y esa élite empresarial decadente, es muy importante tener claridad sobre los intereses que están detrás de esta operación política.  

Luis Hermosilla, el rufián que habla de que está “en juego el estado de derecho” por la denuncia que se hace en su contra; el tránsfuga que manda mensajes cifrados señalando que hay “una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder”, es justamente uno de aquellos que ha llamado, públicamente y a través de El Mercurio, a votar A Favor. Este es el “verdadero chileno” del que nos hablan desde sus puestos de poder y riqueza.   Porque no queremos más un país de abusos, corrupción y delincuentes “de cuello y corbata”, llamamos a toda la población a asumir con responsabilidad este proceso y votar En Contra el próximo 17 de diciembre. Hacemos llamado a sumarnos todas y todos al #ChileVotaEnContra